México enfrenta el desafío de reducir el impacto ambiental de la agricultura, en particular la contaminación de cuerpos de agua, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que busca disminuir la vulnerabilidad del sector ante los efectos del cambio climático, en un contexto de calentamiento acelerado y aumento de eventos extremos.
De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el país cuenta con un territorio de un millón 964,375 kilómetros cuadrados, de los cuales 23.4 millones de hectáreas se destinan a la agricultura. Esta actividad genera una producción anual de 261.9 millones de toneladas, con un valor de 855,800 millones de pesos, lo que refleja su relevancia para la economía y la seguridad alimentaria.
No obstante, el sector agropecuario es también un emisor significativo de gases de efecto invernadero. A escala global, los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de estas emisiones. En México, según la Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0, elaborada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el sector agropecuario aporta 17% del total de emisiones del país, solo por debajo del transporte, con 23%, la generación de electricidad, con 19%, y la industria, con 18%.
Las emisiones agrícolas han mostrado una tendencia creciente. En 1990, la agricultura mexicana emitió 110,046 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente, mientras que en 2022 la cifra alcanzó 139,080 kilotoneladas. De acuerdo con el Informe del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2022, publicado en 2025.
En 2022 las emisiones asociadas a la fermentación entérica, la gestión del estiércol, el cultivo de arroz, los suelos agrícolas, la quema de residuos agrícolas y la aplicación de urea representaron 18.4% de las emisiones totales del inventario, sin considerar el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.
Estas emisiones registraron un incremento de 1.66% entre 2021 y 2022 y un aumento acumulado de 26.4% respecto de 1990, impulsado principalmente por la fermentación entérica, la gestión del estiércol y los suelos agrícolas. En el caso del arroz, en 2022 las emisiones totales se estimaron en 115.7 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente, de las cuales 82% correspondió a sistemas de riego y 17.0% a sistemas de temporal.
En este contexto, México asumió compromisos internacionales en materia climática. Durante la Cumbre Climática de Líderes celebrada en noviembre en Belém do Pará, Brasil, el país estableció una meta condicionada para no rebasar entre 332 y 363 millones de toneladas de carbono equivalente.
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 traza una ruta de industrialización que abarca sectores estratégicos como transporte, generación eléctrica, industria, agricultura y ganadería, residuos, petróleo y gas, y construcción, con el objetivo de lograr una reducción de 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto del escenario tendencial de la NDC 2.0, lo que implica un máximo de 644 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en emisiones brutas.
Los efectos del cambio climático ya impacta de forma directa al campo mexicano. Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, señala que desde 1990 el calentamiento del país ha sido más acelerado que el promedio global.
Actualmente, la temperatura media global es 1.4 grados centígrados superior al período preindustrial y aumenta a una tasa de 2.0 grados por siglo. En México, el incremento ha sido de 1.8 grados, de los cuales un tercio se ha registrado desde 2015, con una tasa de calentamiento de 3.3 grados por siglo y regiones del norte donde alcanza hasta 6 grados por siglo.
A ello se suma un aumento pronunciado de los eventos climáticos extremos, que en algunos casos se han multiplicado por cinco. En el país, 26% de la precipitación pluvial ocurre en forma de eventos extremos, lo que ha generado impactos negativos en la actividad agrícola.
El especialista advierte que estos cambios reducirán de manera significativa la capacidad productiva nacional. Al estimar las reducciones de rendimiento acumuladas durante el siglo, calcula que las pérdidas equivalen actualmente a dos billones de pesos. En lo que va del sexenio actual, las pérdidas del sector agrícola asociadas al cambio climático ascienden a 103,674 millones de pesos.
Los estados con mayor seguridad alimentaria, como Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, concentran 21% de las pérdidas por agricultura de temporal. Si se consideran únicamente cultivos como maíz, trigo y arroz, México produce hoy 70 kilocalorías por persona al día menos de lo que produciría sin cambio climático.
Para mediados de siglo, la pérdida estimada sería de 166 kilocalorías por persona por día y, hacia finales de siglo, podría ubicarse entre la tercera y la cuarta parte de las 500 calorías diarias requeridas por persona.
Las sequías han representado uno de los costos más altos para el sector. En los últimos 30 años, por evento, las sequías han generado pérdidas de 26,752 millones de pesos al sector primario y, si se considera únicamente a la agricultura, de 23,382 millones de pesos por evento.
Además de las emisiones, la agricultura ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales. Investigadores como Hannah Ritchie, Pablo Rosado y Max Roser, de ourworldindata.org, señalan que el sector tiene un impacto ambiental relevante por su elevada demanda de agua dulce y por la contaminación de ríos, lagos y océanos derivada de la liberación de nutrientes.
En México, según la Comisión Nacional del Agua, existen 32,855 títulos de concesión de aguas superficiales para uso agrícola, con 37,322 anexos que autorizan la extracción de 38,549 millones 596,493 metros cúbicos al año, así como 154,640 títulos de concesión de aguas subterráneas con 191,804 anexos y un volumen total de 21,710 millones 211,907 metros cúbicos anuales. A ello se suma el uso extensivo del suelo, con 23.4 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura.
El cambio climático también está modificando las condiciones productivas. Guillermo N. Murray Tortarolo, investigador del Instituto de Investigaciones en Sustentabilidad de la UNAM, explica que los impactos se manifiestan en tres dimensiones: cambios en las medias históricas del clima, aumento en la frecuencia de eventos extremos y alteraciones en la estacionalidad, como el retraso de la temporada de lluvias.
En su análisis, consignado en el libro Agricultura y cambio climático, advierte que el rendimiento del maíz de temporal podría disminuir entre 5 y 10% hacia 2100, con reducciones de hasta 30% en algunas regiones del centro del país.
Para el trigo, algunos estudios estiman una disminución de hasta 32% en la producción de temporal hacia finales de siglo, principalmente por la reducción de las lluvias. Otros análisis, que evalúan 28 escenarios de cambio climático para 14 estados del país, muestran decrementos en el rendimiento de maíz, frijol, trigo, sorgo, cebada y papa, con excepción de la soya.
En el caso del café en Veracruz, se prevén reducciones de 34%, mientras que para el frijol se estima una disminución de 22% en el área viable de siembra hacia 2070.
Ante este panorama, especialistas coinciden en la necesidad de impulsar estrategias de mitigación y adaptación de manera conjunta. Javier Warman, director de Recursos Naturales de WRI México, subraya la importancia de reducir la vulnerabilidad del campo, especialmente de los pequeños productores, frente al aumento de la temperatura y la variabilidad del régimen de lluvias.
Desde su perspectiva, fortalecer la capacidad adaptativa implica desarrollar habilidades en las comunidades rurales para enfrentar y moderar los impactos del cambio climático. En este sentido, WRI, junto con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y la Universidad Autónoma de Chapingo, desarrolló el Índice de Capacidad Adaptativa SAbERES, una herramienta para evaluar y monitorear la capacidad adaptativa de los productores rurales en sectores clave.
La actualización de la NDC 3.0 contempla un componente específico de mitigación para el sector agropecuario. El documento identifica a la fermentación entérica del ganado bovino como la principal fuente de emisiones del sector, seguida del manejo de excretas, que en conjunto concentran 72% de las emisiones agropecuarias.
De acuerdo con El economista, entre las acciones planteadas se incluyen la fijación de carbono en suelos mediante prácticas de agricultura de conservación, el manejo sostenible para incrementar la productividad y la seguridad alimentaria, y la reducción de emisiones.
Asimismo, se prevé fortalecer acciones orientadas al aumento de la productividad pecuaria, el uso eficiente de fertilizantes sintéticos, la instalación y operación de biodigestores, la ampliación de sistemas silvopastoriles y la ejecución del programa Mi parcela no se quema.
En materia de adaptación, se plantea la incorporación de ecotecnias e innovaciones tecnológicas vinculadas a prácticas regenerativas, la valoración de residuos para la generación de biofertilizantes y el desarrollo de estrategias para atender plagas y enfermedades exacerbadas por el cambio climático.
En este escenario, especialistas coinciden en que la agricultura puede formar parte de la solución al cambio climático, siempre que las políticas de mitigación y adaptación se implementen de manera integral y con un enfoque que atienda de forma simultánea la reducción de emisiones y el fortalecimiento de la resiliencia del sector productivo.
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